Desde las 11:30 de este martes, el Senado se dispuso a debatir la Ley de Ficha Limpia, un proyecto que busca prohibir la candidatura a cargos públicos de personas con condena firme en segunda instancia por delitos contra la administración pública. Aunque la sesión fue confirmada tras la Labor Parlamentaria encabezada por Victoria Villarruel, el panorama es incierto: el oficialismo y sectores aliados aseguran tener los votos, pero persisten las dudas sobre la asistencia plena y el resultado final.
La estrategia del Gobierno fue ambigua en los últimos días, con discursos dispares entre funcionarios y operadores. Mientras La Libertad Avanza blindaba apoyos clave, algunos aliados provinciales comenzaron a bajar el perfil. El kirchnerismo, por su parte, anticipó que buscará dilatar el tratamiento con cuestiones de privilegio y mociones para que el proyecto regrese a comisión. La votación requiere una mayoría absoluta de 37 votos, y el conteo preliminar muestra un escenario ajustado.
A la tensión por Ficha Limpia se suman conflictos internos del Senado. Villarruel intenta oficializar al cordobés Emilio Viramonte como secretario administrativo, en medio de reclamos de empleados legislativos por retenciones del impuesto a las Ganancias y pedidos para recomponer salarios. Los sindicatos retomaron protagonismo, con APL al frente, y advierten que una eventual reapertura de paritarias también impactaría en las dietas de los senadores.
Ante un posible revés legislativo, el Frente de Todos ya impulsa pedidos de interpelación a Karina Milei por el caso $LIBRA y al ministro Luis Caputo por cuestiones presupuestarias. En caso de aprobarse la norma, el oficialismo buscará mostrarse como artífice político de una ley que, desde hace años, promueve el PRO. El desenlace se definirá entre acuerdos frágiles, presiones cruzadas y la lucha por capitalizar el resultado.
