El Gobierno oficializó el pago del bono de $70.000 para los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos y submínimos en septiembre, según el decreto 783/2024 publicado en el Boletín Oficial. Este bono, que se mantiene en el mismo valor desde marzo, ha generado una creciente preocupación entre los más de 5.000.000 de beneficiarios, quienes enfrentan una considerable pérdida de poder adquisitivo.
Si el bono hubiese sido ajustado de acuerdo con los aumentos de la movilidad previsional, en septiembre debería alcanzar los $122.016 en lugar de los $70.000 actuales. Esta diferencia de $52.016 representa un impacto significativo en los ingresos de quienes reciben los haberes más bajos.
En diciembre de 2023, el bono era de $55.000, y desde entonces, la movilidad acumulada ha sido del 121,85%, mientras que el bono solo se incrementó un 27,2%, lo que evidencia un desfasaje considerable. Esto se traduce en un ingreso total de $304.540 en septiembre, combinando la jubilación mínima y el bono, lo que supone un aumento del 89,5% desde diciembre. Sin embargo, esta cifra queda por debajo del incremento de la inflación, que alcanzará el 101,5% en septiembre, generando una pérdida real del 6% para los jubilados.
Además, el bono no se computa para el cálculo del medio aguinaldo, lo que representa una pérdida adicional de al menos $35.000 en junio para estos jubilados y pensionados. La estrategia del Gobierno, según indican algunos analistas, parece ser la de licuar progresivamente el bono hasta su eventual eliminación, lo que contribuiría a la reducción del gasto presupuestario a costa de la disminución del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados.
