La provincia de Jujuy ha oficializado su adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) a través de la Ley N° 6.409, siguiendo lo dispuesto en la Ley Nacional N° 27.742. Este nuevo marco legal busca atraer inversiones en sectores clave como la foresto industria, el turismo, la minería, la siderurgia, el petróleo y el gas, con la promesa de generar nuevas oportunidades de empleo directo e indirecto.
Sin embargo, la aprobación de esta ley ha generado controversia en la sociedad y en el ámbito político. Desde el bloque Justicialista, los legisladores se expresaron en contra, argumentando que el RIGI perjudica a la industria nacional y a las pequeñas y medianas empresas locales, favoreciendo a grandes inversores extranjeros a través de garantías, exenciones fiscales y estabilidad por 30 años. Según su postura, esto podría debilitar a los proveedores locales y comprometer el desarrollo de la economía regional.
Por otro lado, los legisladores de la Izquierda también lo rechazaron al considerarlo inconstitucional y que viola los derechos del pueblo jujeño, además de romper con acuerdos y tratados internacionales. Señalaron que la ley atenta contra políticas de fomento al consumo local, como el Compre Jujeño, lo que podría derivar en la pérdida de empleos en la provincia y en otras regiones del país.
La adhesión de Jujuy al RIGI estará vigente por un período de dos años a partir de su publicación en el Boletín Oficial, mientras que el debate sobre sus posibles efectos en la economía local y nacional continúa.
