La discusión sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional entró en una fase de definiciones clave en el Congreso, con el oficialismo intensificando reuniones y negociaciones para asegurar los votos necesarios en el Senado. Equipos técnicos de diferentes bloques, entre ellos el de Patricia Bullrich, están analizando propuestas y posibles ajustes al texto para intentar construir mayorías antes del tratamiento en febrero.
La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, convocó a referentes de la oposición “dialoguista” con la meta de conseguir al menos 37 votos en la Cámara Alta, un número que aún no está garantizado. En paralelo, figuras como Diego Santilli trabajan para destrabar apoyos provinciales que puedan inclinar la balanza favorablemente.
Más allá del Senado, gobernadores como Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro ratificaron acuerdos políticos sobre la necesidad de modernizar el marco laboral, aunque condicionaron su respaldo en función de los efectos fiscales y el impacto en la coparticipación. Esta posición refleja las tensiones entre las demandas provinciales y las prioridades del Gobierno nacional.
La Confederación General del Trabajo (CGT) también se movió en este contexto, buscando influir en las negociaciones con mandatarios provinciales para frenar o morigerar la iniciativa, alertando sobre posibles retrocesos en derechos laborales si el proyecto avanza sin modificaciones sustanciales.
