Aprovechando la inactividad legislativa por el receso invernal, el presidente Javier Milei intensifica las negociaciones con gobernadores con el objetivo de garantizar el blindaje de su veto a las leyes que establecen aumentos en las jubilaciones. La Casa Rosada tiene hasta el 4 de agosto para tomar la decisión de vetar total o parcialmente la normativa aprobada en el Senado.
Estas gestiones tienen lugar mientras la oposición se prepara para reactivar la agenda parlamentaria, con iniciativas que incluyen el financiamiento para universidades nacionales, el Hospital Garrahan y la emergencia pediátrica, así como proyectos sobre coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos y la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional.
El mandatario ya anticipó que vetará estas leyes, ya que impactan directamente en su objetivo de déficit cero. El pasado 10 de julio, el Senado sancionó una serie de proyectos impulsados por gobernadores, que incluyen un aumento del 7,2% a jubilaciones y pensiones, un bono mensual de $110 mil para haberes mínimos, la moratoria previsional y la declaración de Emergencia en Discapacidad.
Frente a esto, el oficialismo se enfoca en reunir al menos un tercio de los diputados, requisito constitucional para sostener un veto presidencial. Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, junto a otros referentes libertarios como Gabriel Bornoroni, lideran la estrategia parlamentaria.
La Libertad Avanza suma 39 diputados y podría contar con el respaldo de unos 30 legisladores del PRO, liderado por Cristian Ritondo, además de los seis votos de la Liga del Interior, que encabeza Pablo Cervi. También se suman conversaciones con diputados alineados a gobernadores de Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Tucumán, claves para sostener el veto.
