En una movida que ha generado gran controversia, Javier Milei anunció su intención de derogar la Ley de Alquileres, argumentando que los contratos deberían ser acuerdos directos entre las partes, sin intervención regulatoria. Esta propuesta ha recibido respuestas mixtas, especialmente entre inmobiliarias y los representantes de los inquilinos.
Las inmobiliarias expresan entusiasmo ante la posibilidad de eliminar una legislación que, según ellas, ha provocado aumentos significativos de precios y escasez en la oferta de propiedades. Marcelo Alexander, director ejecutivo de la inmobiliaria RED, afirma que la ley actual no se ajusta a la realidad del mercado local, perjudicando tanto a inquilinos como propietarios.
En contraste, el Movimiento Inquilino Nacional ha manifestado un «rechazo contundente» a la iniciativa, argumentando que en un contexto de creciente inflación y una tendencia hacia la dolarización económica, negociar sin regulaciones estatales sería perjudicial para los inquilinos, afectando a cerca de ocho millones de argentinos.
La incertidumbre legal también está en juego, ya que la Ley de Alquileres fue inicialmente impulsada por el diputado nacional Daniel Lipovetzky de Juntos por el Cambio, ahora aliado al Gobierno mileista. Lipovetzky advierte que derogar la ley requiere una nueva normativa del Congreso y que un Decreto de Necesidad y Urgencia sería «insostenible desde el punto de vista judicial».
Enrique Abatti, abogado especialista en Derecho Inmobiliario, sugiere derogar parcialmente la ley actual, destacando sus deficiencias en la locación habitacional. Mientras tanto, representantes de inmobiliarias como Veronica Pagola (Century 21 Argentina) ven con buenos ojos la derogación, argumentando que la regulación actual desincentiva a los propietarios y genera escasez de oferta.
La discusión sobre la derogación de la Ley de Alquileres está en pleno apogeo, y la posición de Milei ha generado debates sobre el futuro del mercado inmobiliario en Argentina.
