El Gobierno argentino, a través del Decreto 452/2025, oficializó este lunes la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. Este nuevo organismo, que operará bajo la órbita de la Secretaría de Energía, fusiona el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), con el objetivo de centralizar la fiscalización de los servicios públicos energéticos. La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, busca una mayor eficiencia y simplificación administrativa en el sector.
La fusión implicará la transferencia de personal, bienes y patrimonio de ENARGAS y ENRE al nuevo ente, garantizando la continuidad laboral de los empleados hasta su reubicación en la nueva estructura. Este proceso responde a lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley 27.742, que facultó al Poder Ejecutivo para crear este tipo de organismo. El directorio del flamante ente estará compuesto por cinco miembros, designados por el Poder Ejecutivo, con mandatos de cinco años y posibilidad de renovación indefinida, asegurando la continuidad institucional a través de ceses escalonados.
El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad gozará de autarquía e independencia funcional y presupuestaria, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre sus funciones principales se encontrarán la aplicación y fiscalización de las normas legales y reglamentarias, el asesoramiento al Poder Ejecutivo, la contratación y remoción de personal, la formulación del presupuesto anual y la aplicación de sanciones. La financiación del organismo provendrá de tasas de inspección y control, subsidios, donaciones y la venta de obleas para Gas Natural Vehicular, entre otras fuentes.
La medida se enmarca en la estrategia del Gobierno de optimizar recursos y alinear al país con los estándares internacionales de la OCDE, buscando una mayor inserción de Argentina en el comercio mundial. El decreto instruye al jefe de Gabinete a realizar las reestructuraciones presupuestarias necesarias y faculta a la Secretaría de Energía a dictar los actos para la puesta en funcionamiento del organismo. Además, se ha ordenado el inicio del proceso de selección del primer directorio en un plazo de treinta días hábiles, marcando un hito en la regulación energética del país.
