El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes 19 de octubre un nuevo plan de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional, mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida forma parte de la política de reorganización del Estado impulsada por el Ejecutivo y alcanza a trabajadores de planta permanente y empleados con contratos por tiempo indeterminado de la administración centralizada. Según informó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, unos 20.000 trabajadores estarían en condiciones de acceder al programa.
La convocatoria permanecerá abierta desde el 1 hasta el 30 de noviembre de 2026, aunque el plazo podrá extenderse por única vez durante un máximo de 30 días adicionales. La adhesión será voluntaria y estará sujeta a la aprobación de las autoridades de cada jurisdicción, que podrán rechazar las solicitudes cuando consideren que la desvinculación afecta el funcionamiento del servicio. El régimen excluye a trabajadores de organismos descentralizados y determinados sectores, entre ellos las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado y el Servicio Exterior.
Cuánto cobrarán los empleados que acepten el retiro voluntario
El programa establece tres modalidades de compensación económica, de acuerdo con la situación previsional de cada trabajador. Las mujeres desde los 58 años y los hombres desde los 63 que no tengan los aportes necesarios para jubilarse podrán optar entre una gratificación única o el cobro del 60% de su salario bruto mensual durante un máximo de 36 meses. Para quienes tengan esas edades y acrediten al menos 30 años de aportes, se contempla una remuneración por año de antigüedad, con los límites establecidos, más cinco salarios adicionales. En tanto, los trabajadores más jóvenes podrán recibir hasta 20 remuneraciones por antigüedad, más un adicional de cuatro o cinco sueldos, según sus años de servicio.
Quiénes quedan excluidos y cuáles son las condiciones
No podrán acceder al régimen quienes estén procesados por delitos contra la administración pública, tengan sumarios administrativos graves pendientes o se encuentren en determinadas situaciones de disponibilidad o licencia. Además, los trabajadores que mantengan reclamos judiciales o administrativos vinculados con su relación laboral deberán desistir de esas acciones para adherirse. Una de las condiciones más importantes establece que quienes acepten el retiro no podrán reincorporarse al Sector Público Nacional durante ocho años. La aceptación también implicará la eliminación del cargo presupuestario correspondiente.
La iniciativa se suma a otros programas de desvinculación voluntaria implementados durante 2026 en organismos nacionales como ANSES, INTA y Parques Nacionales, aunque estos cuentan con condiciones propias. En el nuevo régimen, las autoridades tendrán hasta 40 días corridos después del cierre de la inscripción para resolver las solicitudes, y aquellas que no reciban una aceptación expresa serán consideradas rechazadas. El Gobierno sostiene que estas medidas buscan optimizar la estructura estatal y reducir el gasto público, mientras avanza con la reorganización de las dependencias nacionales.
