Este lunes el fiscal federal Diego Luciani pedirá que Cristina Kirchner sea condenada en la causa de Vialidad, donde ya la acusó de ser la jefa de una asociación ilícita montada sobre el Estado, que tuvo por objetivo beneficiar al empresario Lázaro Báez en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz.
Es probable que Luciani pida una condena que supere los 10 años y, además, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A partir de ese momento y hasta que se conozca el fallo del Tribunal Oral Federal 2, el peronismo ingresará en un río revuelto.
Esta vez la tensión que atraviese al Frente de Todos no será por el rumbo de la gestión, los nombres del Gabinete o las medidas económicas, sino por la compleja causa en la que está involucrada la Vicepresidenta y ha tomado gran parte de la escena política de las últimas semanas.
Desde hace varios días que el kirchnerismo duro, con La Cámpora a la cabeza, viene anticipando en forma pública que habrá una reacción masiva en el caso de que a la Vicepresidenta la condenen. El latiguillo que inundó las redes sociales con el sello camporista es: “Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar”. Simple y claro.
Además, aparecieron en distintos lugares del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires, carteles y pintadas dedicas a la Justicia. La mayoría de ellas con una frase similar a la que se multiplicó en las redes: “Jueces macristas, si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar”.
En julio de este año Cristina Kirchner empezó a mover el avispero judicial y político cuando aseguró que su causa tenía la sentencia “escrita y firmada”. La Vicepresidenta tiene en claro que el fallo que se conocería antes de fin de año, no le será favorable. Como consecuencia directa, el kirchnerismo inició un proceso de cuestionamientos a los fiscales y los jueces.
Lentamente empiezan a aparecer solicitas, cartas abiertas y voces reconocidas de distintos sectores del peronismo que respaldan a la Vicepresidenta y aseguran que está sufriendo una “persecución judicial y política” y que la justicia federal y la oposición buscan “proscribirla”, para que no compita en las elecciones del 2023.
El último mensaje fue emitido por el bloque de diputados del Frente de Todos, que conduce Germán Martínez y que hasta hace poco lideraba Máximo Kirchner. Aseguraron que había una “persecución judicial” con “amplificación de los medios”, y advirtieron: “La compañera Cristina, desde hace años, es víctima de espurias estrategias y en las próximas horas tendremos nuevos episodios de una larga historia de persecución”.
El mensaje más contundente fue, sin dudas, el de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, una dirigente muy ligada a Cristina Kirchner y enfrentada con Alberto Fernández. “No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una pueblada, es lo único que le va a salvar. Hay que defenderla con todo. Nosotros somos la justicia”, afirmó hace pocos días.
