En una jornada decisiva, el procurador general subrogante de La Pampa, Guillermo Sancho, solicitó que la jueza de Familia, Ana Clara Pérez Ballester, y la asesora de menores, Elisa Catán, involucradas en el caso de Lucio Dupuy, sean condenadas por mal desempeño en sus funciones. Lucio, un niño de cuatro años, fue asesinado el 26 de noviembre de 2021, y su madre y su pareja, Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, están cumpliendo condena perpetua por el crimen.
El pedido de condena se basa en el supuesto incumplimiento de deberes inherentes al cargo, al no escuchar al niño cuando contaba con cuatro años y presentaba indicadores de violencia y abuso sexual infantil. Según Sancho, el niño debió ser escuchado antes de la homologación del acuerdo de tutela, lo cual no sucedió, y se destacó la importancia de considerar la opinión del niño y la preservación de su centro de vida.
La defensa de las acusadas solicitó la absolución argumentando que no se puede destituir a un funcionario por una cuestión opinable, sino por un error de derecho grosero. El veredicto que determinará si las funcionarias serán removidas de sus cargos se conocerá tras un cuarto intermedio el próximo viernes.
Este caso conmocionó a la sociedad pampeana, y las acusadas reiteraron que se busca «la verdad de lo que pasó» y pidieron evitar una «cacería de brujas». En sus últimas palabras antes del veredicto, expresaron su deseo de justicia por Lucio y reafirmaron su vocación de trabajar en el ámbito familiar.
Cabe recordar que el abuelo del niño, Ramón Dupuy, acusó directamente a las funcionarias y a la abogada Adriana Alizia Mascaró de ser responsables del crimen durante un careo. La jueza y la asesora, por su parte, sostienen que se trató de un caso atroz que afectó a toda la sociedad, y confían en ser absueltas para poder retomar sus labores profesionales.
