El Gobierno de Javier Milei protagoniza un nuevo escándalo tras la publicación de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que incluyó en su anexo expresiones aberrantes y ofensivas para referirse a personas con discapacidad intelectual. En un intento por endurecer los requisitos para el acceso a pensiones no contributivas, el organismo utilizó términos arcaicos como «idiota», «imbécil» y «retardado», lo que generó un inmediato repudio por parte de organizaciones y especialistas en derechos humanos. Aunque el Gobierno intentó minimizar el hecho alegando que se trató de un «error» de redacción, la indignación de la sociedad no se hizo esperar.
Lejos de ser un incidente aislado, esta resolución expone la falta de formación y sensibilidad de los funcionarios que actualmente dirigen la ANDIS. Su titular, Diego Spagnuolo, abogado personal de Milei sin experiencia en la materia, fue quien firmó el documento que ha sido calificado como un retroceso histórico en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Como si fuera poco, el Gobierno optó por culpar a funcionarias de segundo rango en un intento desesperado de desviar la atención de su responsabilidad directa en este acto discriminatorio.
Este escándalo se enmarca en un contexto de ajuste brutal que el Gobierno está llevando adelante en el área de discapacidad. Desde hace meses, se han denunciado recortes en pensiones, despidos masivos en ANDIS e incluso la persecución de personas con discapacidad que han recibido cartas documento exigiéndoles revalidar sus exámenes médicos para mantener su beneficio. La política oficial, disfrazada de «auditoría», esconde un intento despiadado por reducir el gasto a costa de los sectores más vulnerables.
A pesar de la ola de críticas, el Gobierno sigue firme en su postura y sostiene que la resolución será «modificada», pero sin alterar su esencia, que sigue apuntando a restringir el acceso a las pensiones. Las organizaciones de discapacidad han declarado el estado de emergencia y continúan exigiendo que se respeten sus derechos. Mientras tanto, el escándalo deja en evidencia la insensibilidad de una gestión que no solo menosprecia la dignidad de las personas con discapacidad, sino que también las condena a la exclusión y el abandono.
