El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyA) ha presentado un recurso de amparo ante la Justicia para declarar la inconstitucionalidad del decreto presidencial 461/25, que ordena el cierre de Vialidad Nacional. La medida, publicada en el Boletín Oficial el 7 de julio, busca revertir lo que el gremio considera una «aniquilación de los organismos estatales» y una amenaza directa a la estabilidad laboral de miles de empleados públicos. El caso ha recaído en el Juzgado Nacional del Trabajo N°23, a cargo de la jueza Marta Rey.
La presentación legal, patrocinada por los reconocidos abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, sostiene que el decreto viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos y convenios de la OIT, al poner en riesgo las fuentes de trabajo y la estabilidad de los trabajadores. Los letrados alertaron que esta acción del gobierno de La Libertad Avanza no solo afecta a los empleados viales, sino que también busca desmantelar otras áreas estatales fundamentales para la seguridad vial, la ciencia, la tecnología y la salud pública.
El anuncio del cierre de Vialidad Nacional por parte del vocero presidencial, Manuel Adorni, el pasado 7 de julio, generó una fuerte controversia. Adorni justificó la decisión alegando que el organismo «se inventó para simplificar la corrupción» y anunció la licitación de 9.120 kilómetros de rutas, argumentando que esto mejorará una infraestructura «degradada como nunca antes». Sin embargo, esta postura contrasta con la preocupación manifestada por el sector de la construcción.
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), expresó su incertidumbre ante la medida, señalando que el país ha «entrado en un nuevo mundo desconocido» y cuestionando la viabilidad de la concesión privada de rutas sin un organismo centralizado como Vialidad Nacional. Weiss subrayó que la mayoría de los países cuentan con una entidad similar y advirtió sobre el enorme costo de recuperar la infraestructura vial deteriorada en Argentina, que se estima en más de 40 mil millones de dólares.
