Este martes, el Gobierno nacional promulgó la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, junto con la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud.
Sin embargo, ambas normas quedaron suspendidas hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional. Una situación similar ya había ocurrido con la Ley de Emergencia en Discapacidad, hace apenas un mes.
La decisión fue oficializada mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, donde el Poder Ejecutivo argumentó que las medidas generan un impacto fiscal elevado que afectaría las cuentas del Estado.
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada pese al veto presidencial previo, busca garantizar la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas cada dos meses, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
El decreto detalla que entre mayo y diciembre de 2024 la variación del IPC fue del 34,89 %, lo que implicaría un gasto adicional de $123.358 millones para el año en curso. Para 2025, el costo total estimado asciende a $1,06 billones, y para 2026, a $2 billones.
En el plano salarial, la ley dispone que los sueldos docentes y no docentes se ajusten en un porcentaje no inferior al IPC, lo que significaría un aumento del 40,25 % para equiparar la pérdida inflacionaria, además de incorporar sumas no remunerativas a los básicos. Esto supondría un gasto adicional de más de $178 mil millones en 2025 y casi $490 mil millones en 2026.
Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica —que tiene como emblema al Hospital Garrahan— busca garantizar el acceso a la salud infantil, fortalecer hospitales públicos y recomponer salarios del personal médico. También prevé exenciones del impuesto a las ganancias para quienes realicen tareas críticas en hospitales públicos y privados.
