El Gobierno nacional afronta los últimos siete días de negociaciones informales con la oposición antes del inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso, donde buscará aprobar la reforma laboral. El proyecto, elaborado por el Consejo de Mayo, había sido presentado el año pasado para tratarse en diciembre, pero fue postergado por la presión sindical y decisiones estratégicas del oficialismo.
La iniciativa logró avanzar parcialmente cuando la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, consiguió que obtuviera dictamen, lo que permitirá acelerar su tratamiento en febrero. Durante el receso legislativo, se conformó una comisión técnica encabezada por la abogada Josefina Tajes, que recibió a representantes de distintos sectores para escuchar críticas y sugerencias, con miles de pedidos de audiencia registrados.
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones con gobernadores para sumar respaldos, aunque varios mandatarios expresaron preocupación por el impacto fiscal de la reforma. En particular, cuestionaron la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades, ya que afectaría recursos coparticipables, y reclamaron que se revise la medida o se establezcan compensaciones para las provincias.
El rechazo sindical también se mantiene firme. Dirigentes de ATE, la UOM y la CGT advirtieron sobre posibles medidas de fuerza y criticaron puntos clave del proyecto, como el Fondo de Asistencia Laboral, los cambios en los convenios colectivos y la eliminación de la obligatoriedad de retener aportes. Mientras tanto, el Gobierno se prepara para definir su estrategia final y avanzar con las negociaciones más intensas en el Congreso.
