El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a poner en agenda el uso de dólares no declarados guardados fuera del sistema financiero. Según fuentes cercanas, desde 2022 su extinta consultora Anker ya analizaba los billetes conservados en cajas de seguridad y bóvedas privadas. Ahora, el Gobierno nacional planea permitir su utilización sin necesidad de justificar el origen, en lo que se interpreta como un blanqueo encubierto. «Queremos que se usen los dólares sin dar explicaciones», expresó Caputo en una entrevista reciente.
Las nuevas medidas buscan habilitar la compra de bienes sin sanciones para quienes hayan adquirido divisas sin declarar. Aunque aún no se oficializó ninguna norma, en los pasillos del organismo recaudador ARCA se menciona un posible tope de US$ 100.000, el mismo monto del blanqueo anterior, que permitió regularizar US$ 20.000 millones. El Gobierno evalúa extender ese esquema bajo la Ley Bases, que podría excluir del castigo penal a quienes utilicen fondos no justificados.
Desde el equipo económico estiman que hay hasta US$ 300.000 millones fuera del sistema que podrían reactivarse en la economía mediante consumo o inversión. La estrategia apunta a reforzar las reservas del Banco Central y generar una señal de confianza sobre la cotización del dólar, que este lunes cerró en $1.210 tras varias jornadas por debajo de los $1.200. En paralelo, los analistas advierten que el nuevo esquema cambiario aún no logró acumular reservas de forma sostenida.
En el sector comercial, sin embargo, hay dudas sobre el impacto inmediato. Hoy, para realizar compras importantes en efectivo o por transferencia, se exigen datos personales y controles de la Unidad de Información Financiera (UIF). Además, la Argentina debe cumplir en septiembre con las recomendaciones del GAFI contra el lavado de dinero, en el marco del acuerdo con el FMI. Ese punto genera tensiones entre la intención de reactivar la economía y las obligaciones internacionales del país.
