El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa conocida como la «Ruta del Dinero». La investigación, relacionada con presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas al empresario condenado Lázaro Báez, llegó a su fin debido a la falta de acusación por parte de la fiscalía y las querellas, quienes no encontraron elementos suficientes para sostener la imputación contra Fernández de Kirchner.
La decisión de sobreseimiento fue tomada tras el pedido presentado por el fiscal Guillermo Marijuan, respaldado tanto por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como por la Unidad de Información Financiera (UIF), quienes actúan como querellantes en el expediente. Ambas agencias compartieron la postura de la fiscalía, lo que llevó al juez Casanello a excluir a la vicepresidenta del caso.
En su resolución, Casanello declaró el sobreseimiento de Fernández de Kirchner, destacando que no se ve afectado su buen nombre y honor. El juez fundamentó su decisión en el dictamen del fiscal Marijuan y en la posición de las querellas de la UIF y la AFIP, quienes también abogaron por el sobreseimiento.
Casanello determinó que no existen pruebas suficientes para sostener la imputación de lavado de dinero contra la vicepresidenta, lo cual la excluye de la investigación centrada en la maniobra de blanqueo de cincuenta y cinco millones de dólares, donde Lázaro Báez era el principal acusado.
Es importante recordar que Lázaro Báez ya ha sido condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero. Marijuan afirmó que retiró su acusación contra Fernández de Kirchner debido a la falta de pruebas que la vincularan con los negocios del empresario, y solicitó a Casanello que cerrara la instrucción contra la vicepresidenta.
Por otro lado, el informe presentado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) confirmó un evento relevante para el caso: la reunión que tuvo lugar en la Quinta de Olivos a finales de 2010, donde Báez, al ser interrogado por la entonces presidenta, negó y ocultó la expatriación ilegal de capitales que ya estaba llevando a cabo. Esta información respaldó la decisión del fiscal de retirar su acusación.
