Argentina y Estados Unidos concretaron un acuerdo comercial y de inversión recíproco que marca un antes y un después en la relación económica bilateral. Firmado el 5 de febrero por el canciller argentino Pablo Quirno y el representante comercial de EE.UU., el pacto busca reducir aranceles y abrir mercados, tanto para exportaciones argentinas como para productos estadounidenses, en un contexto de fuerte alineamiento entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump.
El texto del acuerdo contempla la eliminación o reducción de cientos de aranceles: Estados Unidos acordó levantar barreras sobre 1 675 productos argentinos, lo que podría traducirse en un impulso de más de 1 000 millones de dólares en exportaciones, incluyendo productos agrícolas, insumos y manufacturas. Simultáneamente, Argentina se comprometió a facilitar el ingreso de bienes estadounidenses —como maquinaria, productos químicos, equipos médicos y vehículos— y a eliminar barreras no arancelarias como licencias de importación que limitaban el acceso al mercado local.
Un punto destacado del acuerdo es la ampliación de las cuotas de exportación de carne argentina hacia Estados Unidos, que pasarán de 20 000 a 100 000 toneladas con aranceles preferenciales, lo que podría sumar alrededor de 800 millones de dólares en ventas para el sector ganadero. Además, se acordaron medidas sobre normas y estándares técnicos: Argentina reconocerá estándares estadounidenses o internacionales para facilitar la entrada de productos sin trámites adicionales, y se trabajará en la cooperación sobre comercio digital, propiedad intelectual y minerales críticos como litio y cobre.
Aunque el Gobierno argentino presenta el pacto como una oportunidad para integrarse a un mercado de más de 340 millones de consumidores y atraer inversiones, sectores industriales locales y analistas han señalado la asimetría del acuerdo, dado que una gran parte de las concesiones recae en flexibilizar barreras para productos de EE.UU. y abrir sectores históricamente protegidos en Argentina. El pacto, señalado como una “revolución” en política comercial por el Ejecutivo, debe ahora ser aprobado por el Congreso de ambos países antes de entrar plenamente en vigor.
