En una conferencia de prensa realizada en la tarde de ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un nuevo protocolo destinado a prevenir cortes de calles, rutas y puentes.
Según específico Bullrich, las fuerzas federales actuarán hasta lograr la liberación de la circulación, empleando «la mínima fuerza necesaria y suficiente». El protocolo contempla 14 medidas, entre las que se destacan la identificación y sanción de los responsables, así como la facturación de los gastos de los operativos de seguridad a las organizaciones sociales involucradas.
Una de las medidas más controvertidas es la sanción a quienes lleven niños a los piquetes, con la advertencia de que se dará aviso a las autoridades competentes para proteger a los menores y aplicar sanciones a los infractores. Además, se remitirá información sobre extranjeros con residencia provisoria a la Dirección Nacional de Migraciones.
En este sentido, destacó la necesidad de poner fin a la metodología de los piquetes que, según ella, genera desorden y viola la ley. El protocolo entra en acción frente a cortes, piquetes y bloqueos, siendo claro en que «la ley no se cumple a medias».
El Gobierno busca establecer un registro de las organizaciones que participen en este tipo de manifestaciones, así como identificar a los responsables de daños ambientales durante las protestas. La ministra subrayó que los costos de los operativos de seguridad serán facturados a las organizaciones o individuos responsables, enfatizando que «el Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad».
La implementación de este protocolo surge en un contexto de medidas económicas anunciadas y ante la convocatoria de movilización por parte de organizaciones sociales para el próximo 20 de diciembre. Según la ministra, el objetivo es restaurar el orden y la aplicación plena de la ley en las calles de la ciudad.
