La ex primera dama Fabiola Yañez denunció en la justicia que su ex pareja, el ex presidente de la Nación Alberto Fernández, la maltrataba físicamente cuando vivían en la Quinta de Olivos. La denuncia fue presentada ante el juzgado del doctor Julián Ercolini, quien había archivado previamente un anexo reservado con pruebas consistentes de maltrato físico. Yañez solicitó que este anexo sea desarchivado para proceder con la nueva denuncia.
El juez Ercolini, tras recibir la denuncia, dispuso una serie de medidas restrictivas contra Alberto Fernández. Entre estas medidas se incluyen la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de Yañez, evitar cualquier tipo de contacto con ella a través de medios telefónicos o digitales, y cesar cualquier acto de intimidación. Además, se reforzó la custodia policial de Yañez debido a que el personal asignado anteriormente tenía vínculos con Fernández.
Yañez, actualmente en Madrid, manifestó estar sufriendo acoso telefónico diario y lo que definió como «terrorismo psicológico» por parte de Fernández. Estas circunstancias, junto con las amenazas constantes, motivaron la reactivación de su denuncia. El juez Ercolini también ordenó que el Ministerio de Seguridad refuerce la protección sobre Yañez para garantizar su seguridad y bienestar.
La situación ha generado un impacto significativo en la opinión pública y en los entornos cercanos de ambos involucrados. La denuncia de Yañez fue impulsada por la publicación de información en los medios sobre su decisión inicial de no denunciar, lo que desencadenó una reacción emocional que llevó a tomar la decisión de reactivar el caso. Alberto Fernández, por su parte, ha negado las acusaciones y considera que la denuncia tiene motivaciones económicas.
En términos legales, el caso podría ser trasladado a otro juzgado dependiendo de la interpretación de la Cámara Federal. La resolución de este traslado determinará si la causa se investiga en los tribunales federales de San Isidro o en la justicia penal ordinar
