El oficialismo logró en la madrugada de este jueves darle media sanción al Presupuesto 2026 y al proyecto de Inocencia Fiscal, aunque fracasó en su intento de derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, uno de los puntos más resistidos por la oposición y sectores aliados. El texto aprobado en general en la Cámara de Diputados ahora pasará al Senado, donde el Gobierno buscará revertir el revés legislativo. Se trata del primer Presupuesto de la gestión de Javier Milei, luego de dos años de prórrogas del esquema de gastos e ingresos de 2023.
Para avanzar con la aprobación en general, La Libertad Avanza contó con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales aliados, incluidos legisladores que responden a los gobernadores de Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y San Juan. En contraste, Fuerza Patria, Encuentro Federal y la izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo, aunque fue clave para alcanzar el quórum al inicio de la sesión.
El mayor foco de tensión estuvo en el artículo 75, que proponía derogar las leyes de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. En la votación en particular, aliados del Gobierno se desmarcaron y rechazaron ese artículo, incluidos legisladores de Elijo Catamarca, Independencia, Innovación Federal, La Neuquinidad y Provincias Unidas. La UCR votó dividida. Finalmente, el capítulo que incluía ese artículo fue rechazado por 123 votos contra 117, lo que permitió sostener ambas leyes y significó un fuerte traspié para el oficialismo.
El Presupuesto 2026 del Ejecutivo prevé un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un dólar a $1.423 hacia diciembre del próximo año, además de un superávit primario del 1,5% del PBI. Desde la oposición cuestionaron la consistencia de estas estimaciones y advirtieron que subestiman la inflación y el tipo de cambio, además de implicar recortes en áreas sensibles como educación, ciencia y defensa.
Durante las semanas previas, el Gobierno aceitó acuerdos con gobernadores aliados mediante Aportes del Tesoro Nacional y concesiones políticas, como la inclusión de fondos adeudados a la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación. Pese a esas gestiones, la estrategia de agrupar artículos para evitar disidencias terminó jugando en contra. Ahora, el oficialismo evalúa introducir cambios en el Senado y devolver el texto a Diputados, en un escenario que abre interrogantes sobre el costo político del intento de avanzar sobre discapacidad y universidades.
