En una reciente decisión, el presidente Javier Milei ha firmado el decreto 727/2024 que disuelve la Unidad Especial de Investigación (UEI) dedicada a la búsqueda de nietos apropiados durante la dictadura militar. Esta unidad, establecida bajo la normativa 715 de 2004, operaba en el marco de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y había sido fundamental en la recuperación de la identidad de muchas personas afectadas por los crímenes de la dictadura.
El Gobierno argumenta que la UEI tenía «acceso directo e irrestricto» a información y documentación de organismos públicos, lo que, según su criterio, violaba el régimen constitucional. En lugar de la UEI, el Ejecutivo ha dispuesto que el Ministerio Público Fiscal se encargue de las investigaciones relacionadas con los delitos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, a través de una nueva unidad creada en la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Desde la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, se ha expresado una profunda preocupación por esta medida. Aseguran que la eliminación de la UEI ralentizará la búsqueda de los nietos y nietas apropiados, afectará el acceso a la justicia y generará un obstáculo para los esfuerzos de recuperación de identidad, además de representar un gasto innecesario para el Estado.
La decisión del Gobierno ha sido publicada en el Boletín Oficial, en medio de un debate sobre el equilibrio entre el respeto a los derechos constitucionales y la eficacia en la investigación de los crímenes de lesa humanidad.
