El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), formalizó la declaración de situación de crisis para cinco obras sociales sindicales tras detectar graves irregularidades en su funcionamiento. La medida fue oficializada mediante las resoluciones 934, 935, 936, 937 y 938 publicadas en el Boletín Oficial, profundizando el proceso de auditoría, control y ordenamiento del sistema de salud gremial que impulsa la administración de Javier Milei con el objetivo de transparentar los fondos públicos y sectoriales.
Las entidades alcanzadas por la medida pertenecen a diversos sectores laborales y comprenden a la Obra Social de Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén, la Obra Social de Serenos de Buques, la Obra Social Modelos Argentinos, la Obra Social del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires y la Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión. Según el organismo regulador, estas organizaciones superaron ampliamente los factores de criticidad contemplados bajo el Decreto 1400/2001, el marco normativo vigente que regula los procedimientos de crisis y posterior liquidación de los agentes del seguro de salud en el país.
Las inspecciones técnicas expusieron un panorama preocupante que abarca desde severos desequilibrios económico-financieros y fallas administrativo-institucionales, hasta deficiencias en la actualización de la cartilla médica y el incumplimiento del Programa Médico Obligatorio (PMO). Ante este escenario, las obras sociales fueron intimadas a presentar un plan de contingencia detallado en un plazo perentorio de 15 días; este programa de saneamiento institucional deberá fijar metas trimestrales obligatorias y acciones específicas orientadas a revertir el deterioro prestacional y asegurar su capacidad de repago.
Si bien esta declaración formal no implica un cierre inmediato ni la interrupción repentina de las coberturas, sí da inicio a un periodo de estricto monitoreo bajo la lupa de un comité de seguimiento estatal. En caso de que las autoridades sindicales no logren cumplir con la regularización de sus cuentas y servicios en los plazos fijados, el Estado queda habilitado para avanzar con intervenciones directas, fusiones forzadas o la liquidación definitiva de las entidades. Desde el Ejecutivo nacional descartaron motivaciones políticas en las auditorías, argumentando que el fin último es proteger el derecho de los afiliados a recibir una atención médica de calidad y garantizar la libre elección dentro del sistema de salud argentino.
