El Gobierno nacional anunció que está evaluando implementar controles más estrictos en las manifestaciones públicas a raíz de los recientes incidentes violentos ocurridos durante las protestas en las inmediaciones del Congreso frente al debate por la reforma laboral. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que se encuentran bajo análisis una serie de medidas que buscan reforzar el accionar de las fuerzas durante marchas y juntadas multitudinarias, con el objetivo de prevenir enfrentamientos y garantizar el orden público.
Entre las propuestas que el Ejecutivo baraja se encuentra la revisión exhaustiva de mochilas y objetos personales que porten los manifestantes, así como la posible prohibición de banderas u otros símbolos que puedan ser utilizados como palos o proyectiles, según explicó Monteoliva en declaraciones radiales. La funcionaria afirmó que se pretende “mirar de qué manera se puedan realizar otro tipo de controles sin poner en riesgo la vida de absolutamente nadie”.
Estas medidas se analizan tras los enfrentamientos registrados la semana pasada en una marcha contra la reforma laboral, donde sectores de trabajadores y organizaciones sociales protagonizaron choques con la Policía y la Gendarmería que incluyeron lanzamiento de piedras y objetos contundentes. Las autoridades consideran que el endurecimiento de los operativos podría evitar que protestas legítimas deriven en hechos de violencia o desorden urbano.
La iniciativa genera un fuerte debate político y social, ya que distintos sectores critican que mayor control pueda limitar el derecho constitucional a la protesta, mientras el Gobierno sostiene que se trata de una respuesta necesaria para proteger la seguridad pública y el normal funcionamiento de la ciudad durante movilizaciones masivas. Hasta el momento, no se han oficializado nuevos protocolos, pero las discusiones en el gabinete continúan tras la oleada de protestas de los últimos días.
