El Gobierno nacional oficializó este lunes el nuevo Régimen Penal Juvenil, tras promulgar la Ley 27.801 mediante el Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial. La normativa introduce un cambio central en la legislación argentina al reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo que implica que adolescentes desde esa edad podrán ser juzgados por delitos bajo un sistema penal específico para menores.
La ley fue aprobada previamente por el Congreso de la Nación a fines de febrero, con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención en el Senado, tras haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados. Con la promulgación del Ejecutivo se completa el proceso legislativo y se da paso a la implementación del nuevo marco jurídico para el tratamiento de delitos cometidos por adolescentes.
El régimen establece un sistema de sanciones graduadas y procedimientos diferenciados para jóvenes en conflicto con la ley penal. Según el texto aprobado, el objetivo es combinar la responsabilidad penal con medidas socioeducativas, programas de reinserción y supervisión judicial, priorizando que la privación de la libertad sea utilizada como último recurso y en instituciones separadas de las destinadas a adultos.
La nueva legislación reemplaza el régimen vigente desde la dictadura —la ley 22.278— y abre una etapa de adaptación institucional para el sistema judicial y las políticas de niñez. Además, el decreto establece plazos para su puesta en marcha y marca un cambio en la política criminal del país respecto al tratamiento de los delitos cometidos por menores de edad.
