El Gobierno argentino ha reglamentado el primer tramo de la Ley Bases, dirigida a la reorganización de la administración centralizada y descentralizada. La medida fue oficializada a través del decreto 695/2024, firmado por el presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La reglamentación aborda cuatro áreas principales: reorganización administrativa, privatizaciones, silencio administrativo y ajustes. En cuanto a la reorganización administrativa, el Poder Ejecutivo está autorizado para reorganizar, transformar y liquidar fondos fiduciarios públicos, siguiendo la Ley N° 27.742.
En el área de privatizaciones, el decreto establece procedimientos específicos para privatizar empresas estatales. Esto incluye la presentación de informes y la publicación de convocatorias para ofertas. Las empresas incluidas en este esquema son Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, SOFSE, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina S.A. y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Respecto al empleo público, se introduce una «Evaluación General de Conocimientos y Competencias» anónima para ingresar a la Administración Pública. Además, los empleados afectados por medidas de reestructuración quedarán en disponibilidad por un máximo de doce meses y deberán recibir capacitación o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado. Si no se formaliza una nueva relación laboral al final de este periodo, el trabajador será desvinculado automáticamente, recibiendo una indemnización acorde.
Finalmente, la reglamentación establece que no se podrán realizar designaciones sin la acreditación del certificado de aptitud psicofísica, asegurando que todos los candidatos cumplan con los requisitos necesarios para desempeñar funciones en la Administración Pública.
