El presidente Javier Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario, apenas horas después de la marcha en defensa del presupuesto para la educación pública. El decreto 879/2024, publicado en el Boletín Oficial, argumenta que el proyecto carece de previsión presupuestaria y presenta problemas técnicos que dificultan su implementación. Además, señala que implicaría un gasto adicional de más de $811.000.000.000, para lo cual no se han identificado fuentes de financiamiento.
El Gobierno considera que este gasto afectaría la sostenibilidad de las finanzas públicas y que el financiamiento de las universidades debe discutirse dentro del presupuesto general, no mediante leyes específicas. También advierte que el proyecto favorece al personal universitario sobre otros empleados de la administración pública, lo cual debe resolverse en negociaciones colectivas.
A pesar del veto, las negociaciones entre el Gobierno y las universidades continúan. Autoridades como el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, mantienen diálogos, mientras la oposición en el Congreso planea una sesión especial el 9 de octubre para debatir el presupuesto universitario.
El veto ha generado divisiones tanto en el oficialismo como en la oposición. Algunos sectores políticos que antes apoyaban los vetos presidenciales han mostrado dudas o prefieren ausentarse del debate, lo que podría complicar la votación en el Congreso.
