El presidente Javier Milei vetó la ley de movilidad jubilatoria que había sido recientemente aprobada por el Senado. La decisión fue oficializada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. Según el Ejecutivo, la ley era «manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente» debido a que no consideraba el impacto fiscal ni especificaba la fuente de su financiamiento.
El veto presidencial se basó en que la nueva legislación podría, supuestamente, comprometer seriamente las finanzas públicas, generando un aumento del 8% en el gasto primario previsto en el presupuesto nacional. Además, el Gobierno advirtió que la aplicación de la ley podría obligar a recurrir a la emisión monetaria, el endeudamiento o el aumento de impuestos, lo que dificultaría la sostenibilidad financiera del país.
En lugar de promulgar la ley, el Gobierno decidió otorgar un Bono a los jubilados, como parte del sistema de actualizaciones vigente. Además, se está evaluando un incremento adicional del 8% en las Jubilaciones, aunque esta medida dependerá de la reacción de la oposición tras el veto.
El Congreso aún tiene la posibilidad de insistir con la ley de movilidad jubilatoria, lo que requerirá una nueva votación en ambas cámaras y el apoyo de dos tercios de los legisladores presentes. Este proceso comenzará en la Cámara de Diputados, seguida por el Senado.
Mientras tanto, el Gobierno se ha enfocado en fortalecer sus lazos con los legisladores aliados para asegurar el apoyo necesario en caso de que la oposición intente revertir el veto. El PRO, a pesar de haber apoyado la ley inicialmente, se comprometió a respaldar la decisión del Ejecutivo en esta etapa.
