El Senado de la Nación avanzó con el tratamiento de la nueva Ley de Discapacidad y obtuvo dictamen favorable en un plenario de comisiones realizado este miércoles 4 de noviembre. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, podría convertirse en ley durante la sesión prevista para el próximo 19 de noviembre.
El proyecto busca establecer un régimen permanente de protección y financiamiento para las personas con discapacidad, en reemplazo del esquema de emergencia que vence el 31 de diciembre. El avance legislativo se produjo con el respaldo de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, la Unión Cívica Radical, el PRO y otros espacios políticos.
Qué establece la nueva normativa
Entre sus principales puntos, la iniciativa mantiene las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, y permite compatibilizarlas con un empleo registrado o el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
También garantiza la continuidad de la cobertura médica mediante el programa Incluir Salud y contempla la actualización periódica de los aranceles de las prestaciones, a través del índice de movilidad jubilatoria.
Además, establece un mecanismo para regularizar las deudas con los prestadores. El Gobierno deberá presentar un cronograma de pagos dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley y cancelar los montos adeudados en un plazo máximo de 90 días.
Financiamiento y controles
La propuesta también establece que los recursos destinados al sistema no podrán disminuir en términos reales respecto del año anterior. Asimismo, incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de información entre organismos como ANSES, ARCA y el RENAPER. En caso de una eventual suspensión de una pensión, la persona afectada deberá ser notificada y contará con 60 días para presentar su descargo.
El dictamen recibió el acompañamiento de una amplia mayoría de los bloques, aunque la senadora Alejandra Vigo planteó objeciones y solicitó modificaciones al texto. Sin embargo, el despacho avanzó sin cambios y dejó a la iniciativa en condiciones de ser tratada en el recinto.
La aprobación definitiva será clave para garantizar la continuidad de las prestaciones y evitar que el vencimiento de la emergencia deje al sector sin un marco legal de protección a partir de 2027.
