Con el objetivo de combatir fraudes y estafas, entró en vigencia desde la pasado 12 de marzo una nueva regulación que modifica el manejo de pagos con tarjetas de débito, crédito y prepagas. La medida, anunciada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, exime a los usuarios de presentar documentación al realizar compras, permitiéndoles ser los únicos en manipular sus plásticos. De esta manera, en establecimientos como restaurantes, será el personal quien acerque la terminal POS a la mesa del cliente para realizar la transacción.
La Secretaría de Comercio, encargada de ultimar los detalles de esta resolución, estima un plazo de adecuación de entre 90 a 180 días para los comercios. Desde la perspectiva tecnológica, se afirma que no existen obstáculos para implementar este método, que ya se utiliza ampliamente en otras partes del mundo y promete un aumento significativo en la seguridad de los consumidores.
El propósito principal es evitar que los datos de las tarjetas sean vulnerables ante posibles robos o fraudes, especialmente en el ámbito de las compras electrónicas, donde se concentra el 90% de los fraudes con tarjetas según estimaciones regionales. Esta medida surge respaldada por cerca de 7.000 denuncias realizadas durante 2023 por fraude y robo de datos de titulares en la Secretaría de Defensa del Consumidor.
Las iniciativas propuestas tanto por el Gobierno como por el diputado Arabia ya han sido implementadas de manera piloto en provincias como Río Negro, Neuquén y La Pampa. Estos cambios prometen no solo aumentar la seguridad en las transacciones, sino también agilizar y mejorar la experiencia de compra tanto para comercios como para usuarios.
