El Gobierno Nacional anunció la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la creación de la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta medida generará una serie de cambios internos, incluyendo la desvinculación de 3.155 empleados que, según las autoridades, «ingresaron de manera irregular». Además, se reducirá en un 45% el número de cargos superiores y en un 31% los cargos inferiores, lo que eliminará el 34% de la estructura, con un ahorro anual de $6.400 millones.
Uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía es el impacto de estos cambios en las cuentas bancarias y billeteras virtuales. Actualmente, la AFIP tiene la facultad de solicitar información a bancos y plataformas digitales sobre las transferencias de más de $400.000. Además, los saldos finales mensuales que superen los $700.000 al último día hábil del mes también deben ser reportados.
Con la disolución de la AFIP y la creación de ARCA, aún no está claro cómo se ajustarán estos controles. Se especula que podrían modificarse los montos que obligan a bancos y fintechs a brindar información o, en algunos casos, estas regulaciones podrían ser eliminadas por completo. Sin embargo, hasta que se anuncien las nuevas directrices, las normativas vigentes seguirán aplicándose.
En caso de detectar movimientos financieros sospechosos, el sistema actual establece consecuencias graves. Entre ellas, se encuentran la aplicación de multas, ajustes fiscales, y la emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que es notificado a la Unidad de Información Financiera (UIF). Esto podría conllevar sanciones severas si no se justifica adecuadamente el origen del dinero.
