La reciente implementación de una tasa del 1,8% sobre la carga de combustibles líquidos y gaseosos en San Salvador de Jujuy ha generado una ola de descontento entre los residentes de la capital jujeña. La medida, anunciada como un esfuerzo para financiar el mantenimiento de calles y avenidas, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos legales por parte de la población y expertos.
Diego Martín Palmieri, un abogado local, ha anunciado planes para presentar un amparo contra la medida, argumentando que la falta de claridad sobre el destino y la contraprestación de esta tasa plantea serias dudas sobre su legalidad. Según Palmieri, la tasa se percibe más como un «impuesto encubierto» dado que no se ofrece una contraprestación clara por parte del municipio.
La falta de consulta popular o audiencia pública antes de la implementación de la tasa ha sido otro punto de crítica. Palmieri señala que no se realizó un análisis exhaustivo del costo real ni se consultó con los empresarios afectados por la medida, lo que ha generado incertidumbre sobre su impacto económico.
Además, existe preocupación entre los residentes sobre la efectividad real de esta medida en el mejoramiento de las calles, especialmente en una región como Jujuy, conocida por su clima extremo y sus desafíos logísticos.
