El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) manifestó su inquietud ante la situación en la provincia de Jujuy, instando a investigar cualquier indicio de violaciones a los derechos humanos. Además, indicaron que la Reforma Constitucional Provincial no cumple con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Luego de los graves incidentes ocurridos el pasado martes 20 de junio, donde se produjeron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policías de la provincia, la ONU expresó su preocupación por «los informes sobre vulneraciones de derechos y acciones violentas en el marco de protestas contra una reforma a la Constitución provincial de Jujuy, en Argentina».
En la carta dirigida al gobernador y firmada por Jab Jarab, representante de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se menciona: «El objeto de la presente comunicación es expresar la preocupación de la Oficina que represento por la gestión de las recientes manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad, así como por algunas de las disposiciones del texto de Reforma Constitucional Provincial aprobado».
Jarab hizo un llamado al diálogo constructivo e intercultural, enfatizando la participación efectiva de los pueblos indígenas y otras partes interesadas para superar la crisis que atraviesa actualmente la provincia de Jujuy. Se destacó la importancia de evitar una escalada de violencia e indicaron los informes recibidos sobre posibles abusos de fuerza contra personas durante las manifestaciones.
Según la información recopilada por la Oficina, al menos 20 personas resultaron heridas, incluyendo a un joven de 17 años con trauma ocular severo y otra persona con traumatismo craneal, presuntamente como consecuencia del uso de armas menos letales disparadas directamente contra la parte superior del cuerpo. Además, se recibió información sobre detenciones y procesamientos de manifestantes, líderes de comunidades indígenas, una legisladora provincial y dos periodistas, así como obstáculos a la labor de defensores de derechos humanos.
En relación a la Reforma Constitucional que ya está en vigor en la provincia, a pesar del fuerte rechazo de la sociedad, desde el organismo internacional se hizo hincapié en que «cualquier restricción debería facilitar el ejercicio del derecho en lugar de limitarlo de manera innecesaria y desproporcionada». Se enfatizó que las restricciones no deben ser discriminatorias ni comprometer la esencia del derecho, ni tener el objetivo de desalentar la participación en las reuniones o provocar un efecto disuasorio.
Por estas razones, el ACNUDH solicitó una reunión con el gobernador Gerardo Morales para abordar el impacto que la implementación de la Reforma Constitucional provincial puede tener en el ejercicio de los derechos humanos. Se destacó que el diálogo institucional con el gobernador sería beneficioso para dar un adecuado seguimiento a la situación actual y abordar cuestiones relacionadas con el derecho a la reunión y los derechos de los pueblos indígenas.
