El reciente Seguro Provincial de Salud (SEPROSA), aprobado por la Legislatura de Jujuy, ha generado una fuerte polémica entre distintos sectores políticos y sociales. La iniciativa propone un «arancel solidario» de entre $30.000 y $50.000 para personas sin cobertura médica, con el objetivo de financiar el acceso a la salud para la población más vulnerable. Sin embargo, la oposición denuncia que este sistema compromete el principio de gratuidad de la salud pública y favorece la privatización del sector.
El proyecto, tratado de manera exprés y sin el debido análisis en la Comisión de Salud, establece que el arancel se calculará en función del costo de cinco consultas médicas, según el nomenclador del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ). Aunque las personas con ingresos inferiores a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles estarán exentas, se incluyen grupos como trabajadores informales y cuentapropistas que, aun superando ese umbral, podrían enfrentar dificultades económicas.
La diputada Natalia Morales, del Frente de Izquierda, criticó duramente la medida al considerarla inconstitucional y excluyente. Según Morales, el SEPROSA crea un sistema burocrático que obliga a las familias de bajos ingresos a acreditar su situación económica para acceder al beneficio, mientras el resto deberá pagar por un servicio que debería ser gratuito. Además, señaló que el proyecto favorece intereses privados, en referencia a la reciente entrega de terrenos fiscales para una clínica privada en Alto Comedero.
El abogado constitucionalista Vicente Casas también cuestionó la constitucionalidad del proyecto, describiéndolo como un «impuesto encubierto» que busca paliar la crisis fiscal de la provincia. Casas afirmó que, en lugar de priorizar la mejora del sistema de salud pública, se carga a los sectores más vulnerables con costos que no garantizan una atención adecuada. Según el abogado, este tipo de medidas solo refuerzan la percepción de una privatización creciente del sector.
Mientras el gobierno provincial argumenta que el SEPROSA es una respuesta a la falta de recursos provenientes de la Nación, las críticas apuntan a que la medida sienta un precedente preocupante para la gratuidad de la salud pública. La implementación del seguro y sus implicancias serán temas clave en los próximos debates políticos y sociales de la provincia.
