El Gobierno Nacional oficializó la desregulación del servicio de correo postal en Argentina mediante un decreto publicado este lunes. Esta medida permitirá que operadores privados ofrezcan servicios postales, aunque el Correo Argentino continuará siendo responsable del Servicio Postal Universal mientras no se designe otro prestador. La desregulación forma parte del plan del Gobierno para aumentar la competencia y la digitalización en los servicios postales, según anunció el vocero presidencial.
Con la entrada en vigor de este decreto, surgen dudas sobre la continuidad del rol del Correo Argentino en procesos críticos, como el transporte de urnas y materiales durante elecciones nacionales. La ley vigente establece que el Correo Argentino es responsable del 70% de la logística electoral, incluyendo el traslado de urnas a los centros de votación y el manejo de los telegramas de resultados. La posible modificación de esta estructura ha generado preocupación en sectores que temen por la efectividad del proceso electoral.
El decreto aclara que al menos un operador postal debe garantizar el servicio en todo el país, sin exclusividad. Sin embargo, no especifica cambios inmediatos en la gestión del Correo Argentino, lo que deja abierta la posibilidad de futuras modificaciones. Además, el servicio postal incluye funciones esenciales, como la distribución de telegramas y giros postales, además de servicios gratuitos para personas con discapacidades visuales.
La desregulación también ha despertado inquietudes entre sindicatos, como la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT), que advirtió sobre los riesgos de una eventual privatización total. Según la FOECYT, la privatización podría afectar la estabilidad laboral y comprometer un servicio esencial en Argentina, que ha funcionado de manera estable desde 1983.
