El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, decidió eliminar la obligatoriedad de utilizar servicios de empresas estatales para ciertas actividades del sector público. A través del Decreto 747/2024, publicado en el Boletín Oficial, se derogaron varias normativas que imponían esta obligación, permitiendo que el Estado tenga mayor libertad para elegir proveedores según la conveniencia económica y funcional.
Entre los cambios más destacados, ya no será obligatorio que los sueldos de los empleados públicos se depositen en el Banco Nación. También se eliminó la exigencia de realizar los viajes oficiales a través de Aerolíneas Argentinas, así como la obligación de adquirir combustible en estaciones de servicio de YPF para la flota oficial de automóviles, embarcaciones y aeronaves. Además, el Estado ya no estará obligado a contratar pólizas de seguro exclusivamente con Nación Seguros.
La medida, firmada por el presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, se enmarca en una política de desregulación que busca evitar que el Estado otorgue ventajas injustas a las empresas en las que es accionista. Según el decreto, la nueva normativa permitirá que el Gobierno evalúe y compare distintas ofertas en el mercado, lo que podría resultar en opciones más beneficiosas y eficientes para la administración pública.
Esta decisión ha generado un debate en el ámbito político, con sectores de la oposición expresando su preocupación por el impacto que podría tener en las empresas estatales. Sin embargo, el Gobierno sostiene que la medida responde a una necesidad de modernización y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, priorizando siempre el interés general por encima de cualquier preferencia o imposición previa.
