El Gobierno oficializó la baja de la jubilación de privilegio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de la Resolución 1092/2024, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La decisión se sustenta en fundamentos jurídicos que señalan la incompatibilidad de este beneficio con «una conducta deshonrosa», determinada por resolución judicial.
La medida se basa en la condena dictada en diciembre de 2022 por la Cámara de Casación, que estableció una pena de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Según la resolución, la asignación contemplada en la Ley N° 24.018 es un reconocimiento al mérito y honor del cargo, careciendo de carácter contributivo. Por ello, se considera inaplicable ante un desempeño deshonroso en la función pública.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que esta decisión podría extenderse a otros casos similares. A través de redes sociales, declaró: «La asignación de privilegio en situaciones similares también será dada de baja». Sin embargo, la postura actual del Gobierno contrasta con declaraciones previas del presidente Javier Milei, quien afirmó meses atrás que este tipo de beneficios son derechos adquiridos que no podían ser modificados retroactivamente.
Cristina Fernández, por su parte, calificó la medida como un acto dictatorial, señalando que vulnera derechos constitucionales. La resolución ha generado un fuerte debate político y jurídico, con especialistas y sectores afines a la expresidenta afirmando que la quita de la jubilación de privilegio es ilegal.
