El Congreso de la Nación inicia este lunes las sesiones extraordinarias, convocadas por el presidente Javier Milei, que se extenderán hasta el 27 de febrero. Durante este período, el Parlamento solo podrá debatir los proyectos incluidos por el Poder Ejecutivo, en una agenda marcada por negociaciones políticas, tensiones con las provincias y debates sensibles.
La convocatoria fue oficializada a través del Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero. La norma establece un temario cerrado, lo que limita el margen de acción de los legisladores y deja fuera cualquier iniciativa que no haya sido expresamente habilitada, hasta la apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo.
Entre los proyectos incluidos se destacan la reforma laboral, la Ley Penal Juvenil, la modificación de la Ley de Glaciares, la designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y la posible discusión del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Además, el Gobierno no descarta sumar una Ley de Emergencia Ígnea para la Patagonia, reclamada por los gobernadores del sur en medio de los incendios forestales.
La reforma laboral es el eje central del debate y el punto de mayor conflicto. El principal desacuerdo con las provincias está en la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta en los fondos coparticipables. Según estimaciones oficiales, la medida implicaría una fuerte caída en la recaudación provincial, por lo que varios gobernadores condicionaron su apoyo a la implementación de mecanismos de compensación.
Otro proyecto clave es la Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad, inicialmente a 13 años, aunque el Ejecutivo admite que podría fijarse en 14 para lograr consensos. Mientras el oficialismo negocia apoyos, la oposición y los gremios anunciaron movilizaciones y presión política, en un clima de creciente tensión entre el Gobierno nacional y algunas provincias, especialmente Buenos Aires, en la previa de un debate legislativo decisivo.
