La votación en particular de la megaley Ómnibus en Argentina está en vilo, ya que los mandatarios provinciales aguardan respuestas del oficialismo a sus planteamientos por más fondos antes de comprometer su apoyo. El Gobierno mantiene su postura de no coparticipar el Impuesto País, generando un punto crítico en el proceso legislativo.
A pesar de la aprobación general del proyecto de Ley Ómnibus el viernes pasado, la incertidumbre persiste en torno a la votación en particular, y todo se tambalea en las horas previas al crucial martes. Las intensas negociaciones entre el oficialismo y los gobernadores están en curso, mientras la oposición espera una respuesta del Ejecutivo este lunes para definir su postura.
El núcleo del debate se centra en la coparticipación del Impuesto País y la búsqueda de fondos para las provincias, así como la obtención de apoyo para otros aspectos cruciales de la ley, como privatizaciones, facultades delegadas y la toma de deuda sin pasar por el Congreso.
En la reciente reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, los opositores dialoguistas plantearon tres opciones al oficialismo: mantener las condiciones actuales en la votación en particular, aprobar por un año más el Impuesto País asegurando el flujo a las cajas de jubilaciones, o coparticipar directamente dicho impuesto.
Si bien la postura del Gobierno apunta a eliminar el Impuesto País, algunos gobernadores, liderados por Martín Llaryora de Córdoba, buscan la coparticipación. La propuesta plantea asignar el 70% para la nación, el 21% para las provincias mediante coparticipación, y el 9% para el Renabap.
El futuro de la megaley Ómnibus podría definirse el martes con la votación de un texto distinto al aprobado en general la semana pasada. La oposición, conocida como «oposición light», describe la situación como un «toma y daca».
En caso de no lograr un acuerdo, aspectos centrales de la ley, como las facultades delegadas y las privatizaciones, podrían tambalear. Desde la UCR, se plantea la necesidad de mayor transparencia en el proceso de privatizaciones, proponiendo el uso de parámetros establecidos en el decreto de 2016 del expresidente Mauricio Macri.
