El Gobierno Nacional anunció modificaciones en el plan Procrear, el programa que brinda créditos subsidiados para la adquisición de viviendas, creado en 2012 durante la gestión de Cristina Kirchner. La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien también informó la incorporación de un sistema de «hipotecas divisibles» para proyectos inmobiliarios en desarrollo. Se espera que los detalles completos de la medida se publiquen próximamente en el Boletín Oficial.
El plan Procrear incluye varias líneas crediticias, destinadas a la compra de viviendas en Desarrollos Urbanísticos, adquisición de terrenos y mejoras edilicias. Sin embargo, según fuentes del Ministerio de Economía, hay alrededor de 17.000 viviendas que aún no han sido terminadas, y el Gobierno ha manifestado su intención de subastar algunas de ellas. Esta reestructuración pretende optimizar el uso de los recursos y la finalización de los proyectos en ejecución.
Para llevar adelante la reestructuración, el Ejecutivo evalúa la posibilidad de transferir las obras incompletas a las provincias o municipios, como ya lo hizo en agosto con proyectos en Catamarca, Chubut, Corrientes, La Rioja, entre otras provincias. La provincia de Buenos Aires, bajo la dirección del gobernador Axel Kicillof, también ha asumido la responsabilidad de concluir y entregar las viviendas en desarrollo, utilizando fondos provinciales para cubrir los costos restantes.
Además, el Gobierno revisa los créditos otorgados recientemente bajo el plan Procrear. Los últimos 2.500 créditos aprobados en noviembre de 2023 han sido sometidos a auditoría, y se ofreció a los beneficiarios la opción de convertirlos en créditos personales. Hasta el momento, el 70% de los beneficiarios ha aceptado esta propuesta, lo cual responde a la política de reformas impulsada por el Gobierno en el área de subsidios y control financiero.
De esta manera, el Gobierno buscaría regular los fondos fiduciarios y otros instrumentos de financiamiento público. Recientemente, se disolvió el Fondo Fiduciario de Capital Social (FFCS) tras detectar irregularidades en su control y registro contable, en línea con la Ley Bases que permite al Poder Ejecutivo modificar o liquidar fondos fiduciarios según las disposiciones legales vigentes.
