El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, oficializó la eliminación de al menos diez programas sociales y culturales que estaban bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Mediante 11 resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, la cartera que dirige Sandra Pettovello argumentó que estas iniciativas “no tienen aplicación efectiva o que se superponen con otros programas”. La medida, según explicaron, busca mejorar la gestión de recursos y optimizar el gasto público.
Entre los programas dados de baja se encuentran el “Programa de Integración y Desarrollo Humano Participar en Comunidad”, creado en 2020, y el “Programa Centro de Promoción de Derechos”, que funcionaba desde 2017. También fueron eliminados el “Programa Espacio Unzué”, el “Programa Institucional Sarmiento” y el “Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos”, todos orientados a la inclusión social y cultural de niños y adolescentes. Según el Gobierno, estas iniciativas generaban un “uso ineficiente de los recursos” y su eliminación permitirá reducir la burocracia estatal.
La reestructuración alcanzó además a programas como el “Construimos Ciudadanía” y el “Derecho al Juego – Jugar-”, los cuales, según las resoluciones, terminaron funcionando como meros instrumentos de asistencia financiera a organismos gubernamentales. La disolución del “Consejo Consultivo de Adolescentes” y la “Línea Activar”, así como la eliminación de la “Comisión Coordinadora Ejecutiva del Departamento Salud Integral”, se suman a las medidas adoptadas dentro del plan de ajuste.
Desde la asunción de Javier Milei, el Gobierno ha avanzado con la reducción del gasto público mediante la eliminación de organismos, recorte de programas y despidos en la administración estatal. En el Ministerio de Capital Humano, esta política ya provocó la desvinculación de miles de empleados en los últimos meses, con el argumento de mejorar la eficiencia administrativa. Según cifras oficiales, desde diciembre de 2023 se desvincularon alrededor de 30.000 personas del Estado en el marco de este proceso de ajuste.
