Según se dio a conocer en los últimos días, el Gobierno argentino decidió dar marcha atrás en algunos aspectos de la Ley Ómnibus, tras enfrentar críticas y presiones de diversos sectores. La flexibilidad del Poder Ejecutivo se evidenció después de intensas discusiones en la Cámara de Diputados y un diálogo con gobernadores que influyeron en la revisión de la reforma.
A pesar de los intentos de los funcionarios de minimizar los cambios como simples «correcciones» que no afectan el espíritu de la ley, se espera una revisión profunda que abarque la reforma política, la emergencia y la delegación de poderes, la restricción de reuniones a más de tres personas, y las modificaciones en la política pesquera.
El presidente Javier Milei, impulsor de ambiciosas reformas, se ha encontrado con obstáculos en el Congreso, donde su reducido bloque de diputados y senadores enfrenta la necesidad de conciliar con los bloques «de centro», que muestran disposición a apoyar ciertas medidas pero piden mesura y distinción entre lo urgente y lo accesorio.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, tras exponer frente al plenario de comisiones, admitió la posibilidad de fraccionar la ley, reconociendo la necesidad de discutir entre lo necesario y lo oportuno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que se eliminará el artículo que prohibía reuniones de más de tres personas.
En el marco de las discusiones plenarias, se debatió la reforma política, centrándose en la modificación del modo de elegir a los diputados nacionales y la eliminación de las PASO. Francos defendió las transformaciones políticas, pero admitió la posibilidad de correcciones debido a errores de redacción y para garantizar mayor claridad.
En cuanto a la delegación de poderes al Ejecutivo, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, indicó que podrían acotar la delegación de facultades y precisar las áreas alcanzadas por la emergencia, considerando incluso una prórroga de un año, atendiendo a las preocupaciones de la oposición.
Finalmente, la reforma pesquera, que generó inquietudes en gobernadores y empresarios del sector, será revisada para clarificar algunos puntos controvertidos, como los cupos de pesca, la descarga del producto en puertos argentinos y la nacionalidad del personal embarcado.
