El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero suspendió su aplicación. El presidente Javier Milei firmó la vigencia de la Ley N° 27.793, que había sido previamente vetada y luego ratificada por ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, el Ejecutivo determinó postergar su implementación hasta que el Parlamento defina las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas necesarias al presupuesto nacional.
La medida quedó oficializada a través del Decreto 681/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del mandatario, del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Salud, Mario Lugones. En los considerandos del texto, el Ejecutivo justificó la suspensión al señalar que el presupuesto vigente «no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación» y que ni siquiera reasignando partidas de los tres poderes del Estado se podrían cubrir los fondos requeridos.
Según detalla el decreto, la implementación de la norma demandaría un crédito presupuestario total de aproximadamente $3,02 billones, cifra equivalente al 0,35% del Producto Bruto Interno (PBI). En este sentido, el Gobierno insistió en que únicamente el Congreso, a través de un aumento del presupuesto, podrá garantizar la sostenibilidad de las medidas incluidas en la ley.
La Ley de Emergencia en Discapacidad tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre sus principales disposiciones se destacan la creación de una Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, el acceso obligatorio al Programa Incluir Salud, la actualización mensual de aranceles del sistema de prestaciones básicas, compensaciones económicas de emergencia a prestadores y beneficios fiscales para empleadores que contraten a personas con discapacidad por tiempo indeterminado.
